Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes - Fiscal Federal Carlos Scheafer

Corrientes, 23 de diciembre de 2021.-

Noticias Judiciales 26 de diciembre de 2021
333460-boletin
Dr. Carlos Schaefer, Fiscal General ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes

PODER JUDICIAL DE LA NACION

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE CORRIENTES
Corrientes, 23 de diciembre de 2021.-

Y VISTOS: Este INCIDENTE N° 6 DE ENTREGA DE BIENES
REGISTRABLES DE HERMANAS DOMINICANAS DE SAN JOSE”,
correspondiente al principal “GIMENEZ VICTOR RAFAEL Y OTRA
S/INFRACCION LEY 23.737”, EXPTE. FCT No 611/2020.-
CONSIDERANDO: I.- Que a fs. 1/2, se presentó la Directora y Superiora
del Hogar Sagrado Corazón de Jesús de Hermanas Dominicas de San José, sito
en calle 25 de Mayo N° 2555 de la ciudad de Corrientes, Madre Lic. Graciela
Beatriz Correa, y solicitó el depósito judicial de un vehículo que fuera
secuestrado como elemento del delito.
Señaló que, la función primordial del hogar que preside, es acompañar,
educar y contener a las niñas que llegan a la institución, las que fueron retiradas
de sus hogares por la justicia, o que padecen dificultades familiares o de extrema
pobreza o de vulneración de sus derechos; que su labor es realizada con el
acompañamiento de Organismos de la Niñez y de la Adolescencia.
Manifestó que, el vehículo cuyo depósito judicial pretende, es para ser
utilizado para el traslado de las niñas del hogar a las audiencias en los Juzgados
o la Asesoría de Menores e Incapaces, o para participar de deportes en el
alguno de los clubes del nuestro medio, como asimismo para concurrir al a
consultas médicas al Hospital Pediátrico, odontopediatras, etc.
II.- A fs. 4/6, emitieron su dictamen el Dr. Carlos A. Schaefer: Fiscal
General, Tamara A. Pourcel: Fiscal Auxiliar ante el Tribunal Oral Federal y
María del Carmen Chena: titular de la Dirección General de Recuperación de
Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, quienes
se expidieron en los siguientes términos: “...Es criterio de este Ministerio Publico Fiscal,
que corresponde hacer lugar a lo solicitado y hacer entrega – en carácter de depósito judicial – al
Hogar Sagrado Corazón de Jesús de Hermanas Dominicas de San José de un vehículo automotor,
el que deberá ser utilizado para el cumplimiento de las actividades propuestas. Respecto a las
particularidades del depósito judicial, debe considerarse que como bien indica Arazi, “las terceras personas en calidad de custodios del cumplimiento, las que pueden ser funcionarios
administrativos o auxiliares externos de los jueces que las dispusieron”. En este marco, se ha
dicho que el depositario judicial “reviste la calidad de un auxiliar externo de los jueces, que actúa
por mandato judicial, y a quien se le encarga el cumplimiento de una medida judicial”. Tanto si
se concibe a este instituto como parte de la noción general de custodia judicial o bien como una
medida cautelar, la doctrina coincide en señalar que es una decisión de imperio que adopta el
juez para custodiar o conservar el bien, que procura evitar que se produzca “una pérdida
importante del valor en los bienes incautados que afecta la enajenación de estos cuando se
decreta el decomiso mediante la sentencia judicial”. En esa línea, y en función de los requisitos
previstos en la Acordada de la CSJN 2/2018, la entrega deberá efectuarse para su uso conforme
los fines específicos indicados en la solicitud, debiendo, por un lado, limitar su uso al territorio
nacional y, por el otro, comprometerse a su íntegra conservación: afrontar los gastos de
traslado, seguro con cláusula de todo riesgo, mantenimiento y, en su caso, patentamiento de los
vehículos que se asignen, quedando a cargo del depositario toda responsabilidad por su uso y
frente a cualquier tercero. Por último, se debe asegurar un control periódico del uso que se está
efectuando sobre los bienes por parte de los funcionarios depositarios responsables. En tales
condiciones, este Ministerio Público entiende que la solución propuesta es la que mejor se
adecua a la función reparatoria del decomiso respecto de los daños directos e indirectos
ocasionados a la sociedad civil por el accionar delictivo. Es que, resulta importante otorgarle al
recupero de los activos un sentido de restablecimiento del equilibrio perdido, destinado a
recuperar para la comunidad los activos obtenidos o utilizados en la comisión de delitos
socialmente dañosos. La estrategia de recuperación de bienes de origen ilícito tiene su correlato
de justicia en el destino de los mismos hacia obras de bien público, tal como sostuviera la Sala IV
de la Cámara Federal de Casación Penal “...en orden a la función reintegradora y reparatoria que
también corresponde otorgarle al instituto en estudio [el decomiso], destinar en forma concreta
el producto de delitos vinculados con el abuso de posiciones de poder público, de carácter
económico, directamente en beneficio de instituciones reconocidas como de bien público -como
el Hospital Nacional de Pediatría Juan P. Garrahan- llevaría a paliar, siquiera parcialmente, el
impacto social por ellos producido... En otras palabras, que la ilegalidad de esos bienes se puede
–y debe- resignificar a través del proceso penal y una sentencia, que devuelva a la sociedad una
utilidad pública de aquello que se obtuvo mediante la comisión de crímenes graves. En este contexto, quienes integramos el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de la Nación no
podemos permanecer de ningún modo ajenos a la realidad social en la que nos encontramos
inmersos. En esa línea, y teniendo en cuenta la reparación del daño al que se hace referencia
precedentemente, es que este Ministerio Publico ha solicitado en diferentes causas con el Fiscal
de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Diego Iglesias y de la Dirección General de
Recupero de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación María del
Carmen Chena, y conforme lo resuelto en esa misma línea por este Tribunal en “Incidente No 3
-IMPUTADO: BLANCO, CLAUDIO GUILLERMO s/INCIDENTE DE ENTREGA DE BIENES
REGISTRABLES”, Expte. N° FCT 5132/2019, que los vehículos decomisados sean destinados al
sistema de salud de la provincia de Corrientes para hacer frente a la situación epidemiológica
actual con el objeto de proteger la salud pública... Por lo expuesto, este Ministerio Público no
tiene objeciones que formular respecto a la entrega del vehículo descripto en calidad de depósito
judicial siempre que se acredite la personería correspondiente, como así también la designación
en el cargo de la responsable de la institución - estatuto, siendo necesario que la misma esté
revestida de las formalidades de la ley ofreciendo las garantías suficientes respecto a eventuales
responsabilidades que pudieren afectar al vehículo o a sus propietarios...”.-
A fs. 7/9 se agregó documentación respaldatoria en relación a la
personería del peticionante.
III.- Que estando en condiciones de resolver, el Tribunal ha verificado la
real necesidad funcional del uso del vehículo por parte del Hogar peticionante, el
que cumple tareas de acompañar, educar y contener a las niñas que llegan a la
citada institución por diferentes motivos, que las colocaron en situación de
vulnerabilidad ante la sociedad y en detrimentos de sus derechos fundamentales.
La Corte Suprema de la Nación ha dictado la Acordada 02/18 por la que
dispone que los efectos secuestrados y bienes decomisados en causas penales
que no hayan podido entregarse a sus dueños, podrán ser asignados
provisoriamente para el uso del Poder Judicial de la Nación y las Fuerzas de
seguridad, conforme a sus funciones.
Específicamente la Acordada 02/18 de la CSJN hace referencia a los
bienes provenientes del narcotráfico y del delito de lavado de activos (como es el
vehículo que fue secuestrados en el marco de la causa principal), indicando que: “El abordaje del delito con medidas eficaces de este tipo reduce el impacto
negativo que éste provoca en la sociedad, especialmente en los casos de
delincuencia organizada y de corrupción que degrada las instituciones del país,
en particular la administración pública. En este sentido, con medidas como las
que se adoptan relacionadas a la recuperación de activos que se obtienen de
actividades de carácter delictivo, se beneficia directamente a la población. De
ahí, la trascendencia que el ordenamiento jurídico le da al fin social de los
bienes que han sido utilizados para cometer el hecho o el producto de
ellos”.
Cabe destacar la importante e intensa actividad que lleva adelante el
Hogar Sagrado Corazón de Jesús de Hermanas Dominicas de San José, por lo
que se impone dar una respuesta eficaz y adecuada a la demanda formulada,
considerándose además que, la propia naturaleza del vehículo impide
mantenerlo en desuso hasta tanto se disponga de su entrega definitiva.
Corresponde hacer saber que el vehículo solicitado y que será
entregado, se ha secuestrado en los autos principales y se encuentra depositado
en dependencias de la Prefectura de Itatí, Corrientes.
Por todo ello, y oído el Dr. Carlos A. Schaefer: Fiscal General, Tamara
A. Pourcel: Fiscal Auxiliar ante el Tribunal Oral Federal y María del Carmen
Chena: titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso
de Bienes de la Procuración General de la Nación: RESUELVO:
1o) HACER ENTREGA en carácter de depósito judicial, del vehículo tipo
furgón, marca Peugeot modelo Partner dominio colocado AB019GA, a la
Directora y Superiora del Hogar Sagrado Corazón de Jesús de Hermanas
Dominicas de San José, sito en calle 25 de Mayo N° 2555 de la ciudad de
Corrientes, Madre Lic. Graciela Beatriz Correa DNI N° 14.237.534, debiendo
acreditar previamente la contratación del seguro correspondiente.
2o) HACER SABER a la Directora y Superiora del Hogar Sagrado
Corazón de Jesús de Hermanas Dominicas de San José, Madre Lic. Graciela
Beatriz Correa de lo aquí resuelto, para la toma de posesión del cargo de depositario judicial, quien será impuesta de las obligaciones inherentes al
mismo.-
3o) Protocolícese, publíquese y cúrsense las comunicaciones
correspondientes.

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

INFORME DE CAUSAS- SENTENCIAS 2021

En un año que fue retomando paulatinamente el trabajo de manera presencial,
como consecuencia del COVID19, el que se dónde el trabajo presencial o
remoto, se implementó con expedientes en su totalidad en formato digital.
Durante el año 2021 se han sustanciado alrededor de ciento cincuenta (140)
juicios por narcotráfico y trata de personas, entre los cuales se hicieron juicios
orales y abreviados, realizándose los mismos a través de diversos sistemas de
videoconferencia, presenciales y sistemas mixtos.

Ahora bien, como resultados del año rendido, esta Fiscalía ante el Tribunal Oral
ha concretado más de 100 juicios abreviados.
Con respecto a los debates orales, mediante dichos procesos han resultado
condenados 18 personas y 10 han sido absueltas, encontrándose algunas
sentencias esperando pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación
Penal, por haber apelado esta parte dichos fallos.
Total de condenados: 240.
Total de absueltos: 14 (8 en Casación por parte del MPF)
En otras palabras, el Tribunal Oral de Corrientes en el año 2021, ha resuelto la
situación procesal de mas de 250 personas.

Por otra parte, actualmente el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Corrientes -integrado por los jueces Víctor Alonso, Manuel Alberto Moreira y
Enrique Bosch- comenzó este lunes el debate oral y público seguido a 21
personas acusadas de integrar una asociación ilícita con división de roles,
dedicada al cobro de coimas, lavado de dinero -presuntamente procedente de
delitos como narcotráfico y la trata de personas, entre otros-, y contrabando de

bienes entre la ciudad correntina de Paso de los Libres y Brasil. Como entre
sus miembros se encuentran acusados funcionarios aduaneros, también se
juzgan los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y
enriquecimiento ilícito.

Los juicios abreviados son aquellos en los que los imputados admiten el delito
cometido y acuerdan la condena y la pena, de los cuales algunos están
pendientes de homologación por parte del tribunal.

El fiscal General Carlos Schaefer, quien destacó "el importante trabajo de los
fiscales de primera instancia y fiscales auxiliares", los agentes federales y
provinciales.

Por su parte, Schaefer es el fiscal ante el tribunal federal correntino y también
ante la Cámara Federal de Apelaciones, destacó la labor de los jueces
federales de todas las instancias, que llevan adelante la tarea de investigar
causas complejas y sobre todo el narcomenudeo, que en la provincia de
Corrientes sigue siendo de competencia provincial, lo que indica la gran
cantidad de causas en trámite en esta jurisdicción, sumado a la creación y
puesta en funcionamiento del Juzgado Federal de Goya.

Señalo que a partir de la Resolución 2/2019 de fecha 13/11/2019, donde la
COMISIÓN BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL
CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL resolvió: “Implementar los artículos
19, 21, 22, 31, 34, 54, 80, 81, 210, 221 y 222 del CODIGO PROCESAL PENAL
FEDERAL, para todos los tribunales con competencia en materia penal de
todas las jurisdicciones federales del territorio nacional.”, la Cámara Federal de 

Corrientes, integrada por la Dra. Mirtha Gladis Sotelo de Andreu, Dr. Ramón
Luis González y la Dra. Selva Angélica Spessot ha implementado con buen
criterio la oralización del trámite de las causas que se elevan en apelación.

Y por último destaco la labor del Tribunal Oral Federal de Corrientes, integrado
solo por los que los jueces del estrado de juicios son Víctor Antonio Alonso y
Fermín Ceroleni, teniendo en cuenta que en el transcurso del año la Dra.
Lucrecia Rojas de Badaro, quien se acogió a la jubilación. Que para integrar el
Tribunal en varias causas se ha designado a los jueces de otras jurisdicciones,
entre ellos, el presidente del Tribunal Oral Federal de Posadas, Dr. Moreira,
Manuel Alberto Jesús, el presidente del Tribunal Oral Federal de
Resistencia, Juan Manuel Iglesias, el juez del Tribunal Oral Federal
de Resistencia el Dr. Enrique Jorge Bosch y el Dr. Rubén David Quiñones,
Juez del Tribunal Oral Federal de Formosa.

Entre las causas donde se han condenado organizaciones en corrientes, se
destacan las siguientes:

“NASIF, CESAR Y OTROS S/ INF. LEY 23737” FCT 9435/2017/TO1

Condenas de entre 5 y 9 años de prisión para NUEVE personas por
narcotráfico y lavado de activos

Intervinieron: Fiscalía General ante el TOCF de Corrientes, Carlos Schaefer, y
la auxiliar fiscal Tamara Pourcel.

Fueron condenadas nueve personas que integraban una organización
dedicada al transporte y comercialización de estupefacientes, y al lavado de los
activos producidos por dicha actividad ilícita.

HECHOS:
En diciembre de 2017, personal del Centro de Reunión de Información (CRI)
“Corrientes” de la Gendarmería Nacional tomó conocimiento sobre la posible
existencia de un grupo de personas que se dedicaría al tráfico de
estupefacientes en la ciudad de Corrientes, encabezados por la pareja de
“César” e “Ivana”, por lo que se ordenaron una serie de medidas de
investigación, que permitieron individualizar a los integrantes de la organización
e interceptar un cargamento de estupefacientes el 17 de junio de 2018.

Cerca de la madrugada de aquel día, personal de la Gendarmería Nacional
interceptó en la bajada del puente General Belgrano, en la ruta Nacional N°16,
un camión proveniente de la provincia de Salta que era conducido por Ramón
Ernesto Géron. En la cajuela del vehículo encontraron 23,725 kilogramos de
cocaína.

Asimismo, se determinó que Gerón integraba la organización narcocriminal que
dirigían César René Nasif y su ex pareja Bárbara Ivana Sandoval, quien
comercializaba la droga en la ciudad de Corrientes. La banda también contaba
con la colaboración de Raúl Luque, quien se ocupaba del transporte, la
distribución y la venta, junto a Omar Chamorro y Alejandro Romero, que
además realizaba viajes para repartir la droga. Por otra parte, Juan Francisco
Scelzi, como encargado de una agencia de automotores, compraba y vendía
vehículos con las ganancias obtenidas por la comercialización de la cocaína y
conseguía “prestanombres” para que figuraran como titulares de los rodados
que adquiría Nasif.

El CRI también estableció que Carlos de Jesús Ríos coordinaría un envío de
drogas desde Corrientes a la ciudad chaqueña de Resistencia. En virtud de
ello, el 1° de septiembre de 2018, se allanó un domicilio en la ciudad de
Barranqueras, donde incautaron quince paquetes de marihuana con un pesaje
total de 9,076 kilogramos y 364 gramos de cocaína. En este sentido, se imputó
a Ríos organizar la recepción, acopio y comercialización de estupefacientes,
mientras que Guillermo Maidana era la persona encargada del almacenamiento
de la sustancia prohibida, bajo sus órdenes y las de Guillermo Gómez.

CONDENA

César René Nasif 9 años de prisión como organizador del tráfico de
estupefacientes y como coautor de lavado de activos de origen delictivo, y seis
años de prisión para Carlos de Jesús Ríos, también como organizador del
tráfico de droga.

Bárbara Ivana Sandoval, 6 años de prisión como coautora de
comercialización de estupefacientes agravados por la intervención de tres o
más personas;

Ramón Ernesto Gerón 6 años de prisión por transporte de estupefacientes
agravado por la pluralidad de intervinientes;
Guillermo Carlos Gómez 6 años de prisión por transporte de estupefacientes
agravado por la pluralidad de intervinientes y comercialización de drogas.

Omar Roberto Chamorro y Alejandro Maximiliano Romero, 6 años de
prisión en su calidad de coautores de distribución de estupefacientes agravado

por la intervención de tres o más personas y para Raúl Edgardo Luque, por
comercializar, transportar y distribuir la droga.

Juan Francisco Scelzi y Guillermo Sebastián Maidana seis años de
prisión, como participe secundario de comercialización de estupefacientes
agravado y lavado de activos de origen delictivo el primero, y como partícipe
necesario de almacenamiento de estupefacientes agravado, el segundo.

Decomiso: se dispuso el decomiso de los teléfonos celulares, un camión volvo
con semirremolque, siete automóviles, una motocicleta Yamaha y todos los
bienes muebles e inmuebles que fueran objeto y/o medio del delito de lavado
de activos.

Por otra parte, en un juicio posterior el Tribunal Oral Federal de Corrientes,
integrado por Fermín Amado Ceroleni, Rubén David Oscar Quiñones y Manuel
Iglesias condeno a Rubén Darío Morales a 5 años y seis meses de prisión,
multa y dispuso el decomiso de una camioneta Fiat Toro.

Morales fue sindicado por el Ministerio Público como el proveedor de
estupefacientes de la organización de Nasif, la cual adquiría y enviaba a
Corrientes desde la provincia de Salta.

CAUSA “MARIN, FEDERICO SEBASTIAN, BOTELLO DA SILVA JOSE
DAVID, BOTELLO DA SILVA SERGIO AUGUSTO, ALEGRE ARNALDO
RAMON, DUARTE JONATHAN, CENTURION EDILIO, PRINCIGALLI RUBEN
DARIO, NUÑEZ MIGUEL, GOMEZ ELOAS NOEL Y OLMEDO CLAUDIO
OSCAR P/SUP. INF. LEY 23.737”, Expte. N° 7484/2017/TO01

Intervinieron el Fiscal General ante el TOCF de Corrientes, Carlos Schaefer, y
la auxiliar fiscal Tamara Pourcel,

CONDENA:
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal condenó a Federico Sebastián
“Morenita” Marín a la pena de 8 años de prisión como organizador de dos
hechos de transporte de estupefacientes

Asimismo, condeno a 6 años de prisión como coautores del delito de transporte
de estupefacientes agravado A Jonathan “Yonas” Duarte, José David “Hilario” y
Sergio “Yor” o “Chespi” Botello Da Silva, Rubén Darío “Mulán” o “Muñe”
Princigalli, Claudio Oscar Olmedo y Miguel “Gato” Núñez.

Elías Gómez y Arnaldo Ramón “Nito” Alegre fueron condenados a 4 años de
prisión.
Decomiso: de todos los bienes secuestrados.

Claudio Oscar “el tío” Olmedo y Edilio “el primo” Centurión fueron condenados
a la pena de seis años de prisión, cómo coautores de transporte de
estupefacientes agravado.

HECHOS:
En el marco de la investigación desarrollada por el titular de la Fiscalía Federal
de Corrientes, Flavio Ferrini, el titular del Juzgado Federal N°1 de dicha
jurisdicción, Juan Carlos Vallejos, ordenó a la delegación “Paso de la Patria” de
la Prefectura Naval Argentina, la realización de un procedimiento, a la altura del
kilómetro 1.246 del margen izquierdo del Río Paraná.

Así, el 10 de septiembre de 2018, se secuestraron 32 bultos que contenían 460
paquetes de marihuana, con un pesaje total de 387,500 kilogramos. También
se incautó una embarcación -registrada con el REY 03150- y un Peugeot 307
negro.

De las escuchas directas efectuadas por el Departamento de Investigaciones
del Narcotráfico, surgió que los implicados habrían concretado la maniobra de
transporte, acopio y traslado de la droga.

Días después, el 14 de septiembre, se montó un procedimiento de vigilancia y
seguimiento, sobre la Ruta Nacional N°12, desde la capital correntina hasta la
ciudad de Itatí. En ese contexto, una de las patrullas apostada sobre la Ruta
Provincial N°20 advirtió que circulaba un furgón Fiat Doblo, que tenía pedido de
secuestro por haber sido robado. Al querer identificar el vehículo y sus
ocupantes, se dieron a la fuga hasta el kilómetro 1068, donde ingresó por la
“ruta vieja” y se perdió de vista. Sin embargo, minutos después, en el margen
izquierdo del Río Paraná, a la altura del kilómetro 126, se encontró el vehículo
abandonado, en cuyo interior había 23 bultos que contenían 498 paquetes de
marihuana, con un peso total de 410,510 kilogramos. Tres días después, se
detuvo a Claudio Olmedo y Edilio Centurión, cuando circulaban en un Peugeot
207, el cual había oficiado de guía para el Fiat Doblo.

De las escuchas telefónicas efectuadas, surgió que “Morenita” Marín era quien
organizaba el traslado de la droga, que Princigalli y “El Gordo” eran los
ocupantes del Fiat Doblo quienes cobraron 100.000 por el transporte de la
marihuana que fue incautada por la Prefectura.

En este marco se ordenó las detenciones de los diez hombres identificados y el
secuestro de nueve vehículos, una embarcación y dos motocicletas. También, 

los peritajes practicados sobre la droga secuestrada en los distintos
procedimientos determinaron que podían obtenerse 6.799.550,52 dosis
umbrales de marihuana.

MORENITA MARIN ORGANIZADOR

Morenita Marin era el encargado de planificar los traslados, distribuir las tareas
a los miembros de la organización quienes reportaban a él y administrar los
medios y recursos de la banda. De acuerdo con la investigación, la
organización se nutría de información que le brindaban alguno de los
integrantes y otras personas aún no identificadas, para “concretar de manera
segura el pase, acopio y posterior traslado de estupefacientes, de un lugar a
otro dentro y fuera del país, en cercanías y en la ciudad de Itatí y alrededores,
brindando en algunos casos, información precisa de la ubicación de los
móviles, embarcaciones y personal de las Fuerzas de Seguridad”.

José David Botello Da Silva era el encargado de la guarda y traslado de la
droga, timoneaba la embarcación donde llevaban la droga, desde Paraguay a
Argentina, e informaba a Marón sobre el accionar de las fuerzas de seguridad.
Por su parte, Alegre y Duarte coordinaban con Marín la adquisición y traslado
de la droga, y su eventual comercialización, mientras que Princigalli era quien
transportaba la droga desde Paso de la Patria e Itatí, al tiempo que Sergio
Botello Da Silva era quien coordinaba los traslados de la marihuana y cargaba
los vehículos.

EXPTE 357/2019- RAMIREZ VALENTIN Y OTROS S/INF. LEY 23.737
Un ex oficial de la Prefectura Naval Argentina y un ciudadano paraguayo
fueron condenados a 10 y 15 años de prisión por almacenar
estupefacientes.

Habían sido detenidos en 2019 con un cargamento de 10 toneladas de
marihuana.  
 Los hechos
Pasado el mediodía del 8 de febrero de 2019, cuando personal de la sección
“Ituzaingó” de la Prefectura Naval Argentina vigilaba el acceso a un predio rural
llamado “Campo de Ríos”, en el kilómetro 1272 de la Ruta Nacional N°12,
advirtieron la llegada de Ramírez, quien intentó darse a la fuga cuando
quisieron identificarlo.
 Posteriormente, se advirtió que una camioneta Toyota Hilux había dejado a
dos personas sobre la ruta, quienes ingresaron al campo por el alambrado. Así,
personal de la Prefectura ingresó al predio, donde encontraron un camión
Scania P360 con semirremolque y una construcción donde se encontraba
Alderete Nuñez, quien también intentó escapar, pero fue detenido. Detrás de la
vivienda, la Prefectura encontró 556 bultos, que contenían 9.507 ladrillos
compactos de marihuana, con un pesaje total de 9.082,179 kilogramos.
 La investigación estuvo a cargo del titular de la Fiscalía Federal de Corrientes,
a cargo de Flavio Ferrini, quien oportunamente requirió la elevación a juicio de
las actuaciones respecto de los dos imputados.
 JUICIO
Conforme lo habían solicitado el Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Corrientes, Carlos Schaefer y la auxiliar fiscal Tamara
Pourcel, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de ctes condenó al ex agente
de la Prefectura Naval Argentina, Valentín Ramírez, y al ciudadano paraguayo
Ramón Gaspar Alderete Núñez, a las penas de 15 años y 10 años de prisión,
respectivamente, como coautores del delito de almacenamiento de estupefacientes,

el decomiso del vehículo y dinero incautados durante el
procedimiento, e informar a la Dirección Nacional de Migraciones y al
Consulado de la República del Paraguay, lo resuelto respecto de Alderete
Núñez.
 En su alegato, los representantes del MPF señalaron que del estupefaciente
secuestrado se podían obtener 312.686.048 dosis umbrales con las que
“podría abastecerse siete veces a toda la población del país, demostrando
claramente la magnitud e impacto negativo que generaría en la sociedad”. El
fiscal también destacó que el cargamento secuestrado estaba valuado en
$343.388.009. También evaluaron que si distribuimos esa cantidad al menudeo
en los denominados  “kioskos”, fraccionando el total de 9.082,179 en 5 kilos por
“kiosko” obtenemos un total de más de 1,800,000 “kioskos de narcomenudeo”
que serían abastecidos, lo que demuestra la gravísima afectación a la familia,
al barrio, a la ciudades, a la sociedad toda.
“KREWER RAMOS, CLEOMAR Y OTROS S/INFRACCION LEY 23.737”,
Expte. Nº FCT 34021791/2012/TO1
Hechos
Las actuaciones iniciaron el 16 de agosto del año 2012, a partir del informe de
la UESPROJUD “Paso de los Libres” de Gendarmería Nacional, que daba
cuenta de actividades delictivas llevadas a cabo por un hombre de nacionalidad
brasilera de nombre JORGE KLEOMAR KREWER, alias “Georgi”, “Jorgy”,
“Gringo” o “Brasilero”, en el Barrio Mataderos de Mercedes, provincia de
Corrientes, quien poseía antecedentes por conductas en infracción a la ley
23.737 y que sus proveedores eran oriundos de la localidad de Paso de los
Libres.
A partir de lo producido el juzgado de instrucción advirtió la existencia de
expedientes que guardaban relación con las actuaciones por lo que se ordenó

la acumulación material de las causas: FCT 3479/16 “NN s/ Infracción ley
23.737”, FCT 370/17 “AGUIRRE, DAMI y otros s/ infracción ley 23.737”, y
N° Fiscalnet 11497, caratulada “INSAURRALDE, MIGUEL ANTONIO y
MIÑO, MARÍA FERNANDA s/ Infracción ley 23.737”, FCT 6964/16
“Imputado VIERA ANTONIO s/Infracción ley 23.737 (art. 5 inc. c)”;
Expediente FCT 3479/16 caratulado “N.N. s/Infracción ley 23.737 (art. 5
inc. c)”

EL JUICIO.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes integrado por Víctor
Antonio Alonso, Fermín Amado Ceroleni y Lucrecia Marcelina Rojas de Badaró
condeno a los miembros de una organización dedidada al narcotráfico y lavado
de dinero con base de operaciones en Mercedes y Paso de los Libres
Corrientes.
El jefe de la organización Cleomar Krewer Ramos de nacionalidad
Brasilera fue condenado a 9 años de prisión, en carácter de organizador de
tráfico de estupefacientes -marihuana y cocaína- en la modalidad de comercio,
en concurso real con lavado de activos de origen delictivo en calidad de autor y
multa.
La investigación permitió demostrar que, además de comercializar
estupefacientes en su hogar y otros domicilios registrados a su nombre, Krewer
Ramos abastecía diversos “kioscos” de venta, donde un grupo de personas
acopiaban o guardaban las sustancias y la comercializaban al menudeo.
BANDA:
Otras siete personas –Derfler, Insaurralde, Miño, Benítez, Castillo, Aguirre,
Viera -integrantes de esta organización delictiva recibieron la pena de cuatro 

años de prisión por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de
comercialización.
La actividad ilegal se desplegó desde septiembre de 2012 hasta -al menos- el
31 de marzo de 2017.
Quedo probado de Krewer Ramos era el encargado de abastecer
estupefacientes en la ciudad correntina de Mercedes y alrededores, instalando
“kioscos” cuya explotación dejaba en manos de terceros con la finalidad de no
ser descubierto. También era el encargado de verificar la calidad de las
sustancias que luego eran colocadas a la venta. Además, manejaba recursos
para brindar protección a quienes cometían todo tipo de delitos para  que no
fueran aprehendidos por las fuerzas de seguridad o proporcionar abogados.
DECOMISO: se ordenó decomiso de dos inmuebles en la ciudad de Mercedes
-Corrientes- que eran utilizados para la venta de estupefacientes, varios
teléfonos celulares, dinero secuestrado, cuatro automóviles y dos motos.
Tres imputados fueron absueltos por lo que el Fiscal General Carlos
Schaefer y la Fiscal Auxiliar Tamara Pourcel en forma conjunta con la
Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo de Diego Iglesias, y
en colaboración con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de
Activo (PROCELAC), presentaron un recurso de casación contra la sentencia
que absolvió a los hermanos Salgan y a Saintotte.

REY, MARIA DOLORES Y OTROS S/INF. LEY 23.737 EXPTE 13476/2018
HECHO:
Dos choferes, una enfermera, una madre y su bebe de once meses
supuestamente enfermo se trasladaban en una ambulancia que había partido de
Corrientes. Simulaban un traslado médico pero en realidad se trataba del
transporte de más de 300 Kg. de marihuana.

La “narco ambulancia” fue interceptada en el puente General Belgrano, por
Gendarmeria Nacional, ya que esta organización narco criminal se encontraba
siendo investigada hace meses.
una gran estructura con ambulancias habilitada con todos los papeles legales,
De esa forma evitaban los controles en las rutas este vehículo formaba parte de
la flota del sanatorio Servimed de Corrientes, por ello fue detenido el dueño de la
clínica Fabián Humberto Ramírez, un médico cirujano de 51 años acusado de
ser “el organizador” de las maniobras de tráfico de estupefacientes.

Se secuestraron 376 kilos de marihuana escondidos en el techo, los paneles y el
interior de los muebles de la ambulancia.

JUICIO:
Durante el juicio se tuvo por probada la maniobra y se condenó a
FABIAN HUMBERTO RAMIREZ a la pena de 8 años de prisión
como organizador de tráfico de estupefacientes art. 7 de la ley
23.737.
CARLOS ALBERTO REY y ALEJANDRO GASTON RAMIREZ,
Condenados a la pena de (6) años de prisión como coautor del
delito de “Transporte de estupefacientes” agravado, previsto y
reprimido por el art. 5, inc. c) y 11 inc a) y c) de la Ley 23.737.
MARIA DOLORES REY y ANDREA AURELIA TORRES fueron
condenadas a la pena de 4 años de prisión como participes
secundarias penalmente responsables del delito de Transporte de
estupefacientes, con la agravante prevista por el art. 5 inc, c y 11
inc c) de la ley 23.737.

Por ultimo “Se destaca además un trabajo coordinado con las fuerzas de
seguridad en las investigaciones llevadas adelante por el Ministerio Público Fiscal, para determinar a los verdaderos responsables del narcotráfico, diferenciándolos incluso de aquellos que participan de manera fungible en el delito, lo que se evidencia al momento de solicitar las penas en los juicios”.

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