Un freno a la cuestionada Oficina Anticorrupción de la Ciudad

La jueza Romina Tesone consideró que el mecanismo de designación del titular del nuevo organismo podría ser inconstitucional.

Politica 11 de marzo de 2021
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Lo que empezó como un intento de Horacio Rodríguez Larreta de presentar una instancia de transparencia, una Oficina Anticorrupción porteña, está derivando en escándalo por la violación de tratados internacionales contra la corrupción. Primero, el jefe de Gobierno consiguió que se aprobara una ley que modificaba la Ley de Ética Pública para crear una Oficina de Integridad Pública. Lo hizo ante los reparos de la oposición, que señalaron que tenía funciones casi nulas y que se reemplazaba un sistema de designación por concurso por uno que le permite a Larreta designar y remover con solo una audiencia pública no vinculante de por medio. Precisamente, esto último fue el motivo por el que la jueza Romina Tesone frenó la audiencia pública de este jueves: la magistrada señaló que el mecanismo de designación podría ser insconstitucional. Para completar el panorama, el candidato que propuso Larreta forma parte de sus alianzas políticas.

La jueza dictó una cautelar en la cual advirtió que la acción de amparo que le habían requerido tenía elementos a indagar, por lo que no se podrá hacer la audiencia pública hasta tanto dicte el fallo de fondo. La magistrada indicó que con el método de designación por el que optó Larreta se podrían estar violando dos tratados internacionales: la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción. Ambas plantean que el Estado debe "fortalecer mecanismos de convocatoria a los cargos públicos no electivos basados en la ‘convocatoria’ y en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud", por lo que "una norma local mediante la cual no se mantengan o refuercen tales directivas se encontraría reñida con la normativa internacional", según advirtió la jueza.

La magistrada advirtió que la ley que consiguió Larreta, que fuera votada en plena pandemia, sustituye a una anterior en la que se debían hacer concursos para designar a la autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública. En el nuevo sistema, cada cabeza de cada uno de los tres poderes propone un candidato, se hace una audiencia pública que no es vinculante, y luego se lo designa. Si bien todavía no dictó un fallo de fondo, la jueza dejó entrever que se está cambiando un concurso por un sistema "de condiciones más laxas y subjetivas, lo que importaría no haber mantenido ni reforzado las pautas que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción prevé".

La jueza dejó un camino abierto: indicó que si bien la ley no obliga a Larreta a llamar a un concurso, tampoco se lo impide. No obstante, mientras se sustancia la causa dictó una cautelar frenando todo el procedimiento porque la "ley 6357 y el Decreto 48/2021 resultarían contrarios a prescripciones contenidas en disposiciones internacionales, de jerarquía normativa superior y, por ende, inconstitucionales".

"La estipulación de estándares más bajos y de carácter más subjetivo para la elección del titular del organismo de contralor (en contraposición de parámetros de mayor objetividad, derivados de la selección por concurso) importaría –en principio- un retroceso en materia de calidad institucional, reduciría la participación ciudadana en el control de la función pública y afectaría a la objetividad, trasparencia e independencia en la integración de los órganos a cargo de la lucha contra la corrupción",  sentenció la jueza.


En suma, lo que fue vendido por el Gobierno porteño como un paso adelante en la calidad institucional, termina siendo un paso atrás. Y no solo lo dice la resolución de la jueza Tesone. Lo dijeron diversos legisladores durante el tratamiento legislativo de la Oficina de Integridad pública.

Es que el proyecto de Larreta causó polémica desde el comienzo: los legisladores del Frente de Todos advirtieron que los funcionarios serían designados a dedo y sin concurso. También advirtieron que la nueva OA no tiene facultades ni para querellar ni para hacer investigaciones. Solamente reúne las declaraciones juradas de los funcionarios y hace recomendaciones. 

Para completar el escenario, a la hora de elegir a una persona que lo controle, Larreta eligió a alguien dentro de su alianza política. No fue en este caso Laura Alonso (especialista en decir "técnicamente no es delito" durante los cuatro años de Mauricio Macri). En este caso, se trata del ex diputado de la Coalición Cívica y ex secretario de Fortalecimiento Institucional en el gobierno de Macri, Fernando Sánchez. De hecho, Larreta y Sánchez se sacaron una foto juntos cuando se anunció su candidatura. Ahora tendrá que esperar a que la jueza resuelva si no se están violando tratados internacionales contra la corrupción.

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