Vacunaciones irregulares: los detalles de la declaración de Alberto Maceira

El funcionario declaró que al hospital fueron “unas 70 personas” y cuando le dijeron que iría el periodista Horacio Verbitsky le pidió al secretario privado de González García que no lo enviara allí porque generaría conflicto. Los riesgos de la judicialización de la política.

Politica 25 de febrero de 2021
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En un nuevo episodio de la judicialización de la política, el fiscal Eduardo Taiano y la jueza María Eugenia Capuchetti avanzan con medidas expeditivas en la causa donde investigan el llamado “vacunatorio vip”, iniciada en base a 14 presentaciones de dirigentes y abogados allegados al macrismo y el fiscal Guillermo Marijuán, entre otros. El director del Hospital Posadas, Alberto Maceira, fue citado para declarar como testigo y confirmó la información sobre personas vacunadas difundidas por el Ministerio de Salud, con algunos detalles adicionales. 

Relató que él mismo participó de la vacunación en la cartera que todavía dirigía Ginés González García, junto con un médico y un administrativo. Le indicaron que fuera allí después de que puso reparos cuando comenzaron a mandarle gente para ser inmunizada en el hospital, como Lorenzo Pepe, Daniel Scioli, Hugo Curto y la esposa, Felipe Solá, Domingo Pepo, Carlos Zannini y la esposa, Marcelo Duhalde y Jorge "Topo" Devoto, entre otros, con la primera partida de 250 vacunas que recibieron en el establecimiento. Los delitos investigados están encabezados por “abuso de autoridad”, y tienen penas poco significativas. 

Maceira declaró que al Hospital Posadas fueron “unas 70 personas” y cuando le dijeron que iría el periodista Horacio Verbitsky le pidió al secretario privado de González García que no lo enviara allí porque generaría conflicto. “Después de eso me llamó y me pidió que lleve al ministerio 10 dosis y que fuera con un equipo”, describió.

Había un administrativo, una enfermera, un chofer y él. Fueron al segundo piso. “Los vacunados fueron Verbitsky, (Eduardo) Valdés, toda la familia Aldrey García que eran padre, madre y dos hijas, el padre del secretario Guillé que se llama Félix, Salomón Schester que es un traumatólogo y Manukian. Fui yo personalmente al ministerio porque me pareció raro el pedido”, dice su declaración, a la que accedió PáginaI12. Les dieron, agregó, carnet de vacunación y los anotaron en el Nomivac (registro federal de vacunación).

“Todo esto me generó una molestia muy grande, sobre todo por el esfuerzo realizado, estoy muy enojado”, señaló. Los primeros llamados para que aplicara las vacunas a determinadas personas en el hospital fueron del subsecretario, Alejandro Collia, y el secretario privado de Ginés, Marcelo Guille. Cuando fue la quinta e Olivos, le aplicaron la segunda dosis de Sputnik V a Alberto Fernández. Fue cuando también vacunó a Julio Vitobello.

También declaró en el juzgado de Capuchetti la encargada de vacunación María Elena Borda, quien confirmó que en el ministerio de Salud se aplicaron diez vacunas. Tanto ella como Maceira explicaron que como la indicación venía del ministro era difícil no acatarla. El Posadas no fue allanado porque aportaron toda la documentación que le pidió el juzgado.

La causa acumuló varios expedientes y por ahora lleva la calificación de “abuso de autoridad”, tras la imputación que hizo Taiano al exministro y su jefe de gabinete. Entre los documentos que se analizan está el registro de personas vacunadas.

La mayoría de los delitos denunciados son menores, con penas bajas o de inhabilitación. Por abuso de autoridad (artículo 248 del código penal) “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

 Por malversación de fondos (260) se castiga “con inhabilitación especial de un mes a tres años, al funcionario público que diera a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a la que estuvieren destinados”. Estas son los delitos más repetidos en las denuncias. No son graves, lo que deja claro que la judicialización tiene una finalidad más política que otra cosa, lo que no quita que se pueda haber violado la ley. 

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