Los insólitos partes del espionaje ilegal en las cárceles

El macrismo no sólo espiaba a detenidos kirchneristas, sino también a organizaciones de exdetenidos, funcionarios, organismos de derechos humanos y militantes sociales.

Politica 07 de febrero de 2021
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La Justicia Federal de Lomas de Zamora sigue sumando nuevos elementos que dan cuenta de la existencia del espionaje masivo e ilegal en las cárceles durante el macrismo, que no sólo alcanzaba a los presos kirchneristas, sino a organizaciones de exdetenidos, a funcionarios, organismos de derechos humanos e incluso a quienes participaban de movilizaciones sociales. Durante la feria, la interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós, informó a la fiscalía que no había orden judicial ni resolución administrativa que justificara el accionar desplegado por los penitenciarios.

En los distintos allanamientos que hicieron durante 2020 en las sedes del SPF y en particular en la Dirección Principal de Análisis de la Información (DPAI), los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide encontraron partes de inteligencia de casi cualquier cosa: elecciones en centros de estudiantes que funcionan dentro de las unidades, Facundo Jones Huala, una movilización por los presos políticos de diciembre de 2017, ex-internos que hablaban en los medios sobre situaciones intramuros, una posible huelga de hambre en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), una reunión de familiares y amigos de una interna muerta en Ezeiza, currículums de integrantes de organismos de control, las actividades del sindicato ATE del Ministerio de Justicia, la agrupación de mujeres Yo no Fui, una marcha de organizaciones sociales en octubre de 2018 e incluso sobre las comunidades mapuche en Bariloche. Todo este acopio de información se combinaba con la que circulaba en los chats sobre los exfuncionarios presos, que incluía desde quiénes los visitaban hasta cuántos kilos de comida les llevaban.

 

Era una lógica de control total. Varios de los acusados por el espionaje penitenciario justificaron la necesidad de saber todo lo que pasaba dentro de los penales e incluso fuera por si repercutía al interior de las cárceles por cuestiones de seguridad. Los fiscales Incardona y Eyherabide le preguntaron a la interventora Garrigós si había alguna disposición que así lo justificara, pero ella fue tajante en una respuesta que remitió a la fiscalía: “No obran constancias ni actuaciones que avalen la producción de ese material”. Es más, Garrigós les aclaró a los fiscales que había ordenado el cierre transitorio de la casa de Varela 266 --donde funcionaba la DPAI de Cristian Suriano-- e iniciado actuaciones sumariales.

El otro dato de relevancia es que la interventora del SPF les informó que no encontró registros de las actuaciones del llamado Servicio de Promoción de Derechos Humanos --a cargo de uno de los imputados, Fernando Carra-- y que no contaba con una sede física de funcionamiento dentro de ninguna dependencia del SPF. Ese dato reforzaría la idea de que no era un organismo dedicado a la promoción y protección de los derechos de las personas privadas de la libertad, sino a otros fines.

Para los fiscales, había una coordinación entre las distintas áreas del SPF --que dependía del director Emiliano Blanco-- para obtener, almacenar e intercambiar datos de personas privadas de la libertad, y en esa coordinación participaban desde la DPAI de Suriano, pasando por el Departamento de Asuntos Internos de Miguel Perrotta hasta la oficina de Derechos Humanos de Carra. Todo eso se compartía con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Gustavo Arribas, gracias a un convenio que existía entre las cabezas pero también por los vínculos fluidos entre cuadros medios que posibilitaban el trabajo conjunto tendiente a saber todo lo que pasaba con los presos kirchneristas especialmente. Por eso, Incardona y Eyherabide pidieron los procesamientos de Blanco, Suriano, Perrotta, Carra y otros cinco integrantes del SPF.

El pedido de procesamiento está siendo analizado por el juez Juan Pablo Augé e incluye a 38 exfuncionarios de la AFI, del SPF y la excoordinadora de Documentación Presidencial Susana Martinengo. Si bien el secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, está imputado por haber recibido dos informes de inteligencia de los Súper Mario Bros por parte de Susana Martinengo --sobre las protestas contra la reforma previsional de 2017 y de las comunidades mapuche--, Incardona y Eyherabide sostienen que no hay elementos para pedir su procesamiento, pero las querellas sí le solicitaron al juez que lo procese. Augé tendrá la palabra final.

En los últimos días se presentó y fue aceptado como querellante Daniel Ruiz, el militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) preso por su participación justamente en las movilizaciones contra la reforma jubilatoria de Macri. El abogado de Ruiz, Martín Alderete, confirmó a PáginaI12 que en la causa consta información sobre las visitas que él recibía cuando estaba privado de su libertad.

Mientras Augé resuelve los pedidos de procesamiento, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación --integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma-- estudia dónde quedarán radicadas las dos causas de espionaje que tramitan en Lomas y que los exAFI reclaman que viajen a Comodoro Py.

En paralelo, la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia --que preside el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau-- recibió en los últimos días copia de la prueba recabada por la fiscalía en Lomas de Zamora y de las dos causas que tramitan en el juzgado federal de Dolores --el D’Alessiogate y el llamado “Proyecto AMBA”--. La Bicameral analizará toda la evidencia reunida en Lomas y en Dolores junto con el material que la misma comisión produjo con miras a la presentación de un informe sobre el espionaje durante el gobierno de Macri, que podría estar listo para fines de marzo o principios de abril.

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